Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena

El proceso de Reforma Agraria, además, implica la promulgación del decreto-ley 208, que prohibía la asignación de parcelas a personas que hubiesen participado en tomas, además de instalar un mercado de la tierra y del agua que llegó a convertirse en un modo de “recuperación” de la tierra por la compra de derechos de los parceleros. Estos últimos, incapacitados para explotar exitosamente sus parcelas sin asistencia técnica, sin crédito, sin apoyo público, se vieron obligados a vender sus derechos, lo que abrió el negocio de la compraventa de la tierra a capitales transnacionales, un nuevo paso hacia la modernización capitalista, que no considera la tierra como un bien escaso.